Derecho Penal frente al COVID-19

El mundo cambió, estamos conviviendo con una enfermedad contagiosa que se propaga rápidamente sin distinguir raza, sexo, religión, ideología política, ni mucho menos clase social: “COVID 19” (CORONAVIRUS).

 

Este virus de fácil contagio ha sido declarado por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) como una pandemia que, por los estudios realizados por los expertos en la materia a nivel mundial, estará entre nosotros durante un largo período, se habla incluso, de años.

 

En Colombia se ha estimado que al final de esta emergencia sanitaria, nos infectaremos aproximadamente cuatro millones de colombianos, el 80% asintomáticos, o con síntomas leves. Por ello, la importancia de acatar de forma disciplinada las medidas decretadas por el presidente de la República en el estado de emergencia sanitaria que nos encontramos, con la consecuencia de no hacerlo, a sufrir sanciones administrativas, policiales, e incluso penales, las cuales siempre deben ser las últimas en aplicar, y ponderando siempre la necesidad de mínima intervención del derecho penal.

 

Estamos acostumbrados en nuestro país al populismo punitivo, cada vez que nos enfrentamos a un “nuevo problema” que afecta a la sociedad, algunos medios de comunicación y algunos políticos, no pierden oportunidad para solicitar que se cree un tipo penal para contrarrestar el “nuevo problema social”, pero esta vez, y como pocas veces, nuestro legislador ya había tipificado en nuestro código penal una sanción para quien vulnere el bien jurídico de la salud pública.

 

Específicamente el legislador del año 2000 consagró el delito de VIOLACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS en el art. 368 y el delito de PROPAGACIÓN DE EPIDEMIAS en el art. 369.

 

“ARTICULO 368. VIOLACION DE MEDIDAS SANITARIAS. El que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.

 

ARTICULO 369. PROPAGACION DE EPIDEMIA. El que propague epidemia, incurrirá en prisión de cuatro (4) a diez (10) años.”

 

La tipificación de estos delitos, ha sido rápidamente analizada en redes sociales por periodistas, políticos y obviamente por abogados penalistas, análisis válido, pero lo preocupante, es que estudiosos del derecho penal, que normalmente alegan la intervención mínima y excepcional del mismo, reclamen públicamente capturas de las  personas que se encuentren supuestamente violando la cuarentena con el pretexto de garantizar el cumplimiento del DECRETO 457 DE 2020, en el que se establecieron entre otras medidas, la cuarentena nacional o el aislamiento domiciliario obligatorio.

 

Las redes sociales hoy día tienen un eco enorme en la toma de decisiones por parte de las ramas del poder público, y sin duda, la Fiscalía General de la Nación ha aprovechado este respaldo nacional para materializar capturas, muchas veces innecesarias a las personas que vulneran la cuarentena, y lo peor, en ocasiones logran la imposición de medidas de aseguramiento restrictivas de la libertad al encontrar Jueces que desconocen de igual forma, el principio de mínima intervención del derecho penal, y además, desconocen que en el desarrollo de los procesos penales, la regla general que es la libertad.

 

Es posible que algunas de estas personas que violaron la cuarentena y que fueron capturadas infringiendo algunas de las conductas punibles citadas actuaran con dolo, como por ejemplo, los ciudadanos que conocen de su diagnóstico positivo para COVID 19, les expliquen los protocolos de aislamiento con el fin de evitar la propagación de la enfermedad, y aun así, salgan de sus domicilios ejecutando actos que expongan a la sociedad, pero posiblemente, otros ciudadanos vulneren las medidas sanitarias saliendo de sus casas o sitios de aislamiento con la necesidad de conseguir los recursos económicos para garantizar la manutención de su familia, o quizás vulneren objetivamente los decretos del aislamiento social con grave afectación de su salud mental o amparados en alguna causal de ausencia de responsabilidad. No obstante, resulten judicializados con lo que está prohibido por el legislador, es decir con fundamento exclusivo en responsabilidad objetiva.

 

La invitación es seguir respetando las medidas sanitarias decretadas por el Gobierno, entre todos tenemos que cuidarnos, pero las autoridades deben actuar aplicando en principio, las sanciones administrativas y policiales, y excepcionalmente el derecho penal, debido a que el principio de última ratio debe mirarse en todo momento como un instrumento para garantizar la pacífica convivencia de los asociados, previa evaluación de su gravedad y de acuerdo a las circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales imperantes en la sociedad en un momento determinado

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